Opinión - Diario La Hora
Jueves, 10 de Marzo de 2011
“Pero suponiendo que es verdad todo lo que dicen, ¿qué proponen?, que den alternativas, pero no proponen nada. Proponen que todo siga igual y no estamos aquí para eso, estamos para correr riesgos y cambiar el país en beneficio del pueblo”, afirmó el presidente Rafael Correa, en un programa especial de televisión el pasado domingo. Vuelve a retomar el joven economista esta idea, realmente extraña, viniendo de él.
¿Dónde está la alternativa? ¿Cómo transformar la Justicia en el país sin tener que “meterle mano”? En la Carta Magna está la manera legal y legítima de hacerlo. El Presidente debería saberlo mejor que nadie o preguntarle a su hacendoso Secretario Jurídico, ya que en su momento fue un defensor apasionado y firme de la Constitución, y su Secretario, visita frecuente y prolongada en Montecristi.
Su aserción, por tanto, es absurda, aunque se presenta con apariencias de verdadera. Y es que como nunca antes el Ejecutivo, ante un problema de su más absoluta competencia (reprimir la delincuencia), pasó toda la carga de culpa a la Función Judicial. No reclamó al famoso quinto poder gestado en Montecristi, lento e inoperante.
Triste y tramposa paradoja la que se sustenta desde el Ejecutivo y su líder. “Si el pueblo ecuatoriano cree, como dice esta gente (opositores), que hay una justicia impoluta y que yo soy un dictador, entonces que vote no”, precisó Correa, quien sabe mejor que nadie, puesto que la transformación de la Justicia y su independencia fueron parte de las propuestas de su movimiento político.
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