En el momento actual, todo el poder se concentra en una sola persona. Nadie puede sostener lo contrario y todos hemos tolerado, por acción u omisión, la consolidación de una autocracia.
El 30-S es una entelequia en que el poder se empecina en crear un supuesto intento de golpe de Estado, una conspiración más allá de lo que fue: una simple asonada policial, indebidamente manejada. Por sus consecuencias pretendieron buscar chivos expiatorios instrumentando algunos juicios insostenibles. Ni una justicia funcionalmente comprometida como ésta ha podido satisfacer las pretensiones del dueño del poder.
Al derrumbarse este “castillo de naipes”, no le ha quedado más al Gobierno que aceptar investigaciones internacionales, pero las limita solo a cinco preguntas en las que no se incluye una evaluación de los sistemas de seguridad, la actuación del ejecutivo y la valoración global de la crisis.
A los delitos cometidos se los persigue para resarcir un daño social y no son objeto de perdón por la parte ofendida, cuando el bien jurídico protegido va más allá de su vanidad o de su concepción de persona y funcionario, aunque la divida de acuerdo a sus intereses y a las circunstancias que le convengan.
Es por esto que quienes agredieron físicamente al Presidente de la República con el gas mostaza y quien criminalmente le quitó la máscara, colocando en grave riesgo su seguridad, deben pagar las penas que la ley determina y que en forma benévola los jueces les impusieron. Esto nada tiene que ver con perseguir a inocentes o hacer una ‘cacería de brujas’.
