Según el oficialismo, a las injurias se las quiere sancionar con severidad. Es decir, esas ofensas o desagravios inferidos a las personas. Para la Ministra de Justicia, lo que se quiere conjurar es el menoscabo a la honra ajena. En Derecho penal se trata de un delito contra el honor o la buena fama y desde hace cinco años este es el recurso de elección del Gobierno contra sus adversarios. Los juicios en curso son su proyección más evidente.
Pero, ¿las ofensas y agravios sólo son delito cuando quien los profiere es alguien ajeno al Régimen? Alguien contó, por ejemplo, alrededor de 170 insultos y agresiones a la honra ajena cometidos por el principal actor de las sabatinas. ¿Acaso no es un abuso de poder desde todo punto de vista repudiable? Si se hace esto al amparo de algún tipo inmunidad, ¿no constituye una amoralidad flagrante?
¿Existen en Ecuador, ahora en tiempos de revolución ciudadana, compatriotas con una patente de corso para hacer lo que les parece? La Ministra de Justicia, así como otros personeros del Régimen, deberían dedicar un tiempo, aunque sólo fuera mínimo, para dejar de ver la paja en el ojo ajeno y ocuparse de la viga que tienen en el propio.
¿No nos asiste al resto de los ciudadanos el derecho de acusar a un funcionario, sin importar su categoría, cuando nos injuria y para ello se vale de los recursos del Estado? Y si tenemos ese derecho, ¿por qué las instituciones destinadas a salvaguardar nuestra dignidad y honor no actúan? Parece que también en este aspecto los ecuatorianos que no figuran en la camioneta del poder están absolutamente indefensos.
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