Con tan fuertes dosis de politización de los hechos, ¿algún día conoceremos a fondo lo sucedido antes, durante y después del 30 de septiembre de 2010? Es poco probable, dado que, por ejemplo, se dice que fue el presidente Correa quien sugirió y logró la clasificación de documentos reservados de los informes sobre la operación del 30 de septiembre de 2010. Ahora sugiere desclasificarlos, pero ¿todos?
La Fiscalía, por boca de su titular, afirma que se emprenderá una investigación a fondo de lo sucedido, pero ¿cómo podrá conducir adecuadamente su investigación si ‘a priori’ este funcionario habla de conspiración y de intento de golpe de Estado? Dado el origen del Fiscal y sus vínculos con el régimen, ¿será la suya una investigación imparcial, objetiva, equilibrada y a fondo del problema?
Los jueces que salgan de la selección que se hace en estos momentos, ¿tendrán el suficiente equilibrio, desinterés y voluntad ética de, si las pruebas los conducen a ello, contradecir las tesis oficiales sobre la supuesta conspiración, el intento de golpe de Estado y el fallido magnicidio? ¿No tendrán sobre sus cabezas la afilada guillotina de un Consejo de la Judicatura Transitorio unido por un sólido cordón umbilical al Ejecutivo?
Acaso el Legislativo, aparte de declaraciones más o menos altisonantes respecto a los sucesos de ese día, ¿será capaz de ir a la raíz del problema, examinar desprejuiciadamente los planteamientos oficiales y los de quienes no los comparten? Las preguntas, lejos de disminuir, se multiplican y las acuciantes respuestas brillan por su ausencia.
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